El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha definido cuáles son las condiciones para que las autoridades nacionales de protección de datos puedan imponer a los responsables del tratamiento de datos multas administrativas por infringir el RGPD. El TJUE se ha pronunciado como respuesta a dos cuestiones prejudiciales planteadas por un órgano judicial lituano y otro alemán, en las que dos empresas trataban de recurrir las multas que las autoridades nacionales de protección de datos les habían impuesto.